EL DIRECTORIO MILITAR Y CIVIL
EL DIRECTORIO MILITAR
En una primera etapa, considerada provisional, el general Miguel Primo de Rivera asumió todos los poderes al frente de un Directorio militar que dejó en suspenso la Constitución, disolvió las Cortes, prohibió los partidos políticos e introdujo la censura de prensa. También disolvió las diputaciones, cedió los gobiernos civiles provinciales a los militares y nombró a los alcaldes.
Para restablecer el orden social, se abolieron las libertades y se intensificaron las acciones represivas contra los sectores más radicales del movimiento obrero. Con este fin, se organizó una milicia especial de defensa, inspirada en el sometent catalán. Además, se aplicó una dura política contra los nacionalismos periféricos, que fue especialmente anticatalanista. Así, pues, a pesar de la actitud benevolente de la burguesía catalana hacia el golpe de Estado, se suprimió la Mancomunitat de Cataluña y se prohibió el uso público del catalán.
El problema marroquí se resolvió favorablemente gracias a una ofensiva militar conjunta entre tropas españolas y francesas. El éxito del dese barco en la bahía de Alhucemas (1925) condujo a la rendición del líder rebelde Abd-el-Krim y a la ocupación efectiva del territorio rifeño (1927). Además, este hecho potenció la influencia de la oficialidad «africanista» dentro del ejército.
EL DIRECTORIO CIVIL
La victoria en Marruecos afianzó el poder personal de Primo de Rivera, que, además, consiguió cierta popularidad al restablecerse la paz social. Ante lo desfavorable de la situación, intentó institucionalizar su dictadu ra mediante la sustitución del Directorio militar por un Directorio civil.
El Directorio civil se constituyó en 1925 como un consejo dirigido por Primo de Rivera e integrado exclusivamente por militares y por miem bros del único partido legal, la Unión Patriótica. Emprendió una política social y económica intervencionista, que logró un aparente éxito, en parte respaldado por la positiva coyuntura económica internacional, que favoreció el mantenimiento del régimen dictatorial hasta 1930.
LA POLÍTICA ECONÓMICA
La politica económica de la dictadura se benefició de la coyuntura de expansión de la economía internacional durante los denominados «felices años veinte», y estuvo orientada a la modernización y al dirigismo, con el fomento de las obras públicas y la creación de grandes monopo lios. Se aplicó una politica económica nacionalista, caracterizada por el proteccionismo arancelario para favorecer a los empresarios españoles, especialmente catalanes y vascos.
Se mejoró la red de carreteras y de ferrocarril, y se crearon confederaciones hidrográficas para potenciar el regadío y la electrificación. El aumento de las obras públicas favoreció a algunos sectores industriales que las necesitaban, pues, si no eran rentables, eran financiadas con capital público, lo que acabó generando graves problemas de endeuda miento del Estado.
Se crearon monopolios que se beneficiaron de la política proteccionista. Cabe destacar la cesión del monopolio telefónico a la empresa norteamericana ITT, que creó la Compañía Telefónica Nacional de España en 1924, así como la creación de la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA) en 1927, que, con capital del Estado y de la banca privada española, obtuvo el monopolio de la importación, distribución y venta del petróleo y sus derivados.
Esta política económica primorriverista fue espectacular a corto plazo, pero a largo plazo supuso un enorme gasto público que desequilibró la Hacienda del Estado.
LA POLÍTICA SOCIAL
La política social se caracterizó por la represión de los sindicatos (la CNT fue ilegalizada, pero no la UGT, que había adoptado una actitud pasiva ante el golpe militar) y por un cierto reformismo social de carácter paternalista, que introdujo algunas mejoras en la situación de los trabajadores: seguro de enfermedad, descanso dominical, viviendas protegidas, enseñanza profesional...
El Estado creó la Organización Corporativa Nacional, a semejanza de las corporaciones fascistas italianas, que integraba a obreros y patronos en comités paritarios, agrupados por oficios y profesiones, a nivel local, provincial y nacional. Su objetivo era regular las condiciones laborales, controlar el movimiento sindical y evitar la conflictividad social.
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